Por Pedro García
Postura del Senado de la República con motivo de los primeros dos años del sexenio del presidente Enrique Peña Nieto:
La Presidencia de la Mesa Directiva del Senado de la República reitera su compromiso de fortalecer las instituciones del Estado mexicano, respetar y hacer cumplir la Constitución y las leyes y de colaborar, desde el ámbito legislativo, con los Poderes de la Unión, de los estados y del Distrito Federal.
Los dos años del gobierno de Enrique Peña Nieto llegan en un momento complicado. En una situación de crisis. Es un mal momento, no sólo para el Ejecutivo, sino para los otros dos Poderes de la Unión, para algunos gobiernos estatales y para los gobiernos municipales.
Pensar que la situación que vive el país es exclusivamente responsabilidad del Presidente de la República constituye una equivocación, estamos en una crisis que involucra en diversos niveles y responsabilidades a los poderes públicos y a los órdenes de gobierno.
Hace dos años, el Presidente Enrique Peña Nieto tomó posesión de acuerdo a lo dispuesto en nuestro marco legal, ante un Congreso plural en sus dos cámaras y una sociedad que demandaba del nuevo titular del Poder Ejecutivo atención inmediata a sus demandas más apremiantes.
En este tiempo, en un contexto de pluralidad se han hecho cambios importantes al Estado en materia de educación, trabajo, competencia económica, telecomunicaciones y energía, por mencionar algunas de las reformas más significativas. Transformaciones que se encuentran en proceso de aplicación y que aún no rinden los resultados esperados.
En este momento, vemos con preocupación un conjunto de hechos presentes en la realidad nacional.
Vemos con preocupación el problema de la inseguridad y la infiltración del crimen organizado en algunas instituciones. Los hechos de Ayotzinapa expresan la magnitud de este problema y exigen una respuesta, que permita la localización de los 43 estudiantes desaparecidos desde la noche del 26 de septiembre.
Vemos con preocupación la situación de la economía nacional y sus perspectivas para el siguiente año. Las proyecciones de las autoridades económicas mexicanas han presentado disparidades con el desarrollo de la economía nacional e internacional.
Vemos con preocupación una posible polarización social y el déficit de credibilidad de la ciudadanía en las autoridades.
Para remontar la actual situación, se requiere una acción del Estado mexicano, lo que implica la acción de los tres poderes que lo integran. Esto significa acciones ejecutivas, reformas legales o constitucionales e impartición de justicia.
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El presidente de la Cámara de Diputados, Silvano Aureoles Conejo, hizo un llamado a cerrar el paso a los grupos violentos que “limitan la libertad de manifestarse” y planteó revisar el protocolo de actuación de los cuerpos de seguridad ante las manifestaciones.
En declaraciones a la prensa, el diputado presidente se expresó en contra de la violencia y dijo que “hay que evitar que el derecho sagrado a la manifestación y la expresión libre de las ideas y a la protesta pacífica” se limite por hechos de este tipo.
“Cuando aparecen estos grupos violentos y provocan a la policía y se arman este tipo de disturbios, lo que están haciendo es justamente limitar la libertad de manifestarse”, consideró.
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En reunión privada con el presidente Enrique Peña Nieto, el empresariado nacional pidió al gobierno federal medidas contundentes para contener el “vandalismo” que se ha desatado recientemente en manifestaciones y marchas.
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La iniciativa de la reforma en seguridad y justicia que el presidente Enrique Peña Nieto anunció el jueves pasado fue turnada por el Pleno del Senado a las Comisiones de puntos Constitucionales, Justicia y Estudios Legislativa Segunda.
Los senadores Enrique Burgos, del PRI; Roberto Gil, del PAN, y Alejandro Encinas, del PRD, encabezarán las discusiones de esta iniciativa.
La propuesta dada a conocer plantea tres objetivos:
-Definir el esquema de Mando Único policial en las entidades federativas.
-Facultar al Congreso para expedir leyes generales en materia penal.
-Establecer la posibilidad de que el gobierno federal asuma la dirección de un municipio cuando haya indicios de que fue infiltrado por la delincuencia.
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Senadores del PRI, PAN, PRD y PVEM propusieron la ley secundaria en materia de transparencia, en la que establecen nuevas obligaciones para poner fin a la opacidad en el manejo de recursos públicos a manos de sindicatos y partidos políticos.
En el primer caso, los legisladores propusieron que los gremios que manejen recursos del erario hagan públicos los contratos y convenios con autoridades, la relación detallada de los recursos económicos, en especie, bienes o donativos que reciban, así como un informe detallado del ejercicio y destino final del dinero que ejerzan.
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Los diputados franceses votaron en favor de una resolución que insta al gobierno a reconocer el Estado de Palestina. El texto, propuesto por la bancada socialista, fue adoptado por 339 votos a favor y 151 en contra. Sesenta y ocho diputados no participaron en la votación y 16 se abstuvieron. Esta resolución no es vinculante para el gobierno.